La jueza Alaya señala como imputados a Chaves y Griñán en el caso de los ERE

La jueza Mercedes Alaya ha dado los primeros pasos para imputar a la cúpula de los gobiernos socialistas de la pasada década, con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza, y encajar así el puzzle de la trama de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos con los «últimos peldaños de la pirámide», como avisó en uno de sus autos hace dos años. Lo ha hecho al más puro estilo Alaya: en un auto difundido a la misma hora que la flamante nueva mandataria de Andalucía, Susana Díaz, presidía la toma de posesión de su nuevo Gobierno. Un golpe de efecto ya repetido otras veces.

Alaya señala en el auto como posibles imputados a Griñán, Chaves y cinco exconsejeros (Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, Francisco Vallejo y José Antonio Viera) por los presuntos delitos de prevaricación y malversación «entre otros».

No los imputa realmente porque no puede hacerlo al estar aforados, pero utiliza una argucia legal, la del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para comunicarles que están inmersos en el procedimiento de los ERE con «cierta carga incriminatoria» y les invita por ello a «personarse en la causa» como imputados para defenderse «a través de su representación procesal», es decir, con procurador y abogado.

Alaya abre la vía de la auto imputación de los aforados, a la espera de que la propia magistrada considere agotada la investigación y decida elevar a los tribunales superiores, «mediante exposición razonada» y suplicatorio a los respectivos parlamentos, la posible conducta delictiva de los aforados.

«No es desde luego esto último lo que nos ocupa ahora», advierte Alaya dando por sentado que no piensa desprenderse por el momento de la instrucción en favor del Tribunal Supremo, quien se haría cargo de la misma si decide incriminar a Chaves y Viera, diputados nacionales. Aunque el resto deben ser procesados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por ser diputados autonómicos (Griñán aún no es senador), el Supremo tiraría de ellos, según fuentes jurídicas.

El pasado día 28 de junio -dos días después de que Griñán anunciara que no sería candidato y abría el proceso de su sucesión-, Alaya firmaba un auto donde imputaba a 23 cargos, excargos y altos funcionarios de la Junta, entre ellos la exministra de Fomento Magdalena Álvarez y el todavía viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano. Ninguno de ellos estaba aforado. Los letrados de la Junta y de varios acusados presentaron un recurso en julio en el que argumentaron indefensión y señalaron la posibilidad de que el proceso se anulase por la supuesta intencionalidad de la magistrada de driblar a los aforados para no perder el sumario en favor del Supremo.

Flotador

La Audiencia Provincial de Sevilla lanzó un flotador a Alaya sobre este espinoso asunto cuando en un auto de agosto le instaba a a «apurar y depurar» la causa antes de enviarla al Supremo. Y le ofrecía la fórmula para ello: Invitar a los aforados a declarar para defenderse si consideraban que podían «quedar involucrados en la investigación». Es lo que ha hecho Alaya, argumentando la presión mediática a la que son sometidos por tratarse de personas conocidas. Aunque la Fiscalía anticorrupción estudia recurrir este último auto de Alaya, algunas fuentes subrayan que la magistrada se ha curado en salud al seguir la doctrina de la Audiencia, pese a que incluso se permite criticar por «confuso» el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De prosperar la imputación de Griñán, Chaves y los cinco exconsejeros, serían ya 36 los cargos y excargos de la Junta de Andalucía inculpados en el sumario de los ERE, practicamente la totalidad de los máximos responsables de Economía, Hacienda, Empleo e Innovación desde 2001 a 2011. Alaya coloca en jaque de esta forma a los gobiernos socialistas de más de una década de la Junta de Andalucía por un caso de corrupción por el que ya ha sido enviado a la prisión el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, luego puesto en libertad.

José Antonio Griñán dimitió el pasado día 27 de agosto según admitió, entre otras razones, por la presión del caso de los ERE y para salvar a la máxima institución andaluza del escándalo en previsión de una posible imputación, pese a que insistió en que no hay razones jurídicas para ello.

Prejubilaciones

Griñán dejó de ser presidente en funciones el pasado sábado, tras la toma de posesión de Díaz. Esta dejó fuera del Gobierno a Aguayo y Ávila este lunes para iniciar su etapa sin sombra de los ERE. Mercedes Alaya no ha tardado ni 24 horas en imputarles por el presunto fraude cometido en la Consejería de Empleo con el dinero destinado a las empresas en crisis y prejubilaciones de sus trabajadores despedidos.

La Guardia Civil calcula el fraude en cerca de 140 millones de euros de los 721 presupuestados desde 2001 a 2010, pero la jueza ha ampliado las pesquisas a 2000 y 2011, por lo que la cantidad aumentará. Hay ya 116 imputados, que sumarían 123 con los aforados citados ayer. Más que el caso Malaya.